Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) reveló una fuerte subjecución presupuestaria a nivel nacional durante 2018, frente a la inflación anualizada. Solo en programas de salud, educación y ciencia se cuentan $ 30 mil millones no erogados.


“Dado que muchas partidas se alocan con propósito de gestión de políticas públicas, su eliminación atenta contra las posibilidades del Estado de brindar respuesta a la ciudadanía a la hora de satisfacer diferentes demandas sociales”, alertó el trabajo a cargo del Observatorio de Políticas Públicas de la casa de altos estudios.

La Undav recordó que a principios de 2018 se partió con una previsión de déficit de 4,2% del PBI, que a mitad de 2018 se rebajó de 3,2% del PBI a 2,7% para el cierre de año. “Un objetivo más ambicioso, implicaba realizar un esfuerzo diferencial en la segunda parte del año. En ese plan, se recortaron muchos programas presupuestarios que son altamente significativos por su peso en el gasto. En particular, partidas de transferencias para subsidios económicos y desembolsos de capital para obras de infraestructura, sufrieron cuantiosos recursos”, sostuvieron los académicos.

Sin embargo, el estudio remarcó que la reducción de “partidas de trazo grueso” no fue suficiente para garantizar la meta de reducción del gasto proyectada. A los fines de garantizar el cumplimiento de déficit acordado con el FMI, el Gobierno avanzó en el recorte de diversos programas de variadas jurisdicciones.

En números, el ajuste total del gasto fue del 15,6% real (neto de inflación) en el año pasado y en comparación con 2017, según el informe. En el detalle, y según el criterio de lo devengado, se tienen recortes de 17,8% en salud pública, del 22,4% en educación, de 23,5% en promoción y asistencia social, de 31,8% en ciencia y técnica y de 54,7% en trabajo, entre otros. “Una de las únicas funciones del gasto que no disminuyeron en 2018 es la relativa a servicios de deuda, que aumentó 13,1% real”, indicaron.

Desde el Observatorio detectaron que hubo “recortes fenomenales” en el acumulado desde 2015. Si se computa la variación real del gasto en los tres años, se encuentra mermas en la inversión pública del 57,7% en vivienda y urbanismo, del 55,6% en políticas laborales y del 53,8% en industria, entre otros. “En relación al rubro manufacturero, la reducción es brutal y sistemática”, detallaron.

Pero según el informe además de la erosión de recursos, también se subejecutan montos asignados. Durante 2018 y con datos provisorios se tienen profundas subejecuciones en “atención y desarrollo de poblaciones indígenas” (-41,5%), “desarrollo de la salud sexual y procreación responsable” con un faltante de -30,5%, “innovación y desarrollo de la formación tecnológica” (-30,2%), fortalecimiento edilicio de jardines de infantes (-29,8%), entre otras.

El panorama a futuro no es diferente. Por ejemplo, si al mencionado recorte acumulado en política industrial se le incorpora la proyección de presupuesto 2019, la reducción de partidas trepa al 57% en solo cuatro años.

Carolina Bisgarra